Organizaciones vecinales, referentes sociales y ambientales del Valle Traslasierra exigen la clausura definitiva de la empresa Integración Minera SRL, ubicada entre Las Tapias y Villa de las Rosas. Denuncian que la firma continúa operando pese a una clausura preventiva, sin licencia social ni estudios de impacto ambiental, en un contexto nacional marcado por el debate en el Congreso sobre la flexibilización de la Ley de Glaciares. La defensa del agua y del perfil turístico del valle vuelve a encender la movilización comunitaria.
El conflicto ambiental volvió a instalarse con fuerza en el Valle Traslasierra. Esta vez, el foco está puesto en la empresa Integración Minera SRL, que opera en la zona gris ubicada entre las localidades de Las Tapias y Villa de las Rosas. Desde el Cabildo Abierto Traslasierra (CAT), junto a otras organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados, reclaman la clausura definitiva de la explotación minera y advierten que, pese a existir una clausura preventiva, la actividad continuaría de manera irregular.
La preocupación no es nueva, pero se intensificó en las últimas semanas. Según informaron integrantes del Foro Ambiental Traslasierra Línea Fundadora (FAT-LF), la Fiscalía de Instrucción N°1 de Villa Dolores dictó una clausura preventiva para la mina. Sin embargo, denuncian que la empresa sigue operando, lo que motivó nuevas presentaciones ante distintos organismos del Estado, entre ellos la Secretaría de Minería, la Policía Ambiental, la Secretaría de Ambiente y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA).
El reclamo local se da, además, en un escenario nacional que genera alarma entre los sectores ambientalistas. En el Congreso de la Nación comenzó a tratarse la flexibilización de la Ley de Glaciares, con la posibilidad de avanzar en un dictamen exprés. Para las organizaciones de Traslasierra, una eventual modificación de la norma abriría la puerta a un avance aún mayor de emprendimientos extractivos sobre zonas sensibles desde el punto de vista hídrico y ambiental.
“Sin agua no hay vida y por eso la vamos a defender”, sostuvo el padre Omar Quinteros, miembro del Cabildo Abierto Traslasierra, en declaraciones recogidas por el medio Tiempo Argentino. El referente religioso, con una trayectoria de compromiso ambiental en distintas regiones del país, señaló que la población de Las Tapias vive con preocupación las continuas explosiones en la zona de la mina y remarcó que la empresa no cuenta con licencia social, permisos adecuados ni estudios de impacto ambiental aprobados.
Desde el Cabildo explican que se trata de un espacio vecinal, independiente y abierto, que busca informar a la comunidad sobre los proyectos mineros en el faldeo del cerro Champaquí y sus posibles consecuencias. En ese marco, se realizaron denuncias judiciales, actividades informativas y acciones públicas como la “Caminata por la Vida”, que tuvo lugar semanas atrás hasta el ingreso de la mina. “Pero nosotros vamos por más: exigimos la clausura definitiva”, remarcan.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la defensa del agua. Los vecinos sostienen que no existe licencia social para la minería en el Valle Traslasierra, bajo ninguna de sus formas, y advierten que los emprendimientos se localizan en zonas de nacientes de ríos. Señalan que el avance del extractivismo —potenciado por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)— pone en riesgo los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de la población.
El temor no se limita a un único proyecto. Desde las organizaciones advierten que el caso de Integración Minera podría sentar un precedente clave para frenar otros emprendimientos extractivos que planean instalarse en valles, cerros y quebradas serranas. Si bien el interés inicial estuvo puesto en el litio, alertan que ahora el foco se amplía hacia otros minerales estratégicos para la industria tecnológica.
En una región donde el turismo es la principal actividad económica, los vecinos insisten en que el modelo productivo es incompatible con la minería a cielo abierto. “El agua no es una mercancía, es fuente de vida”, repiten como consigna. Y reclaman a la Justicia y a las autoridades ambientales que escuchen la voz de las comunidades y actúen en consecuencia, para preservar un territorio que consideran vital para las generaciones presentes y futuras.
• Con información de Tiempo Argentino.