A más de dos años del secuestro y asesinato del joven de 18 años, la Cámara de Casación ratificó la prisión perpetua para uno de los acusados y elevó la pena del otro. El fallo reconstruye, con crudeza, la violencia del plan y el uso de sus contraseñas para intentar vaciar sus cuentas digitales.
El caso que conmovió a Traslasierra vuelve a ocupar el centro de la escena judicial. La madrugada del 17 de agosto de 2022 marcó el inicio de un secuestro extorsivo que culminó con la muerte de Santiago Aguilera, un joven de 18 años cuya ausencia dejó una herida abierta en toda la región. Dos años después, la Cámara Federal de Casación Penal revisó las condenas dictadas en Córdoba y trazó nuevas responsabilidades.
El tribunal, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, confirmó la prisión perpetua para Walter Ezequiel Gil. En su fallo, rechazaron la apelación y ratificaron que participó en la captura, en las torturas y en el envío de mensajes extorsivos dirigidos a los padres del joven desde el propio teléfono de la víctima. Para los magistrados, nada quedó librado a dudas: su intervención fue decisiva en el despliegue del plan criminal.
La situación del segundo acusado, Julio Ramírez, también fue revisada. Aunque el Tribunal Oral Federal 3 lo había considerado partícipe necesario, la querella y la fiscalía reclamaron una lectura más rigurosa. Por mayoría, Casación elevó su condena a 12 años, luego de acreditar que facilitó o realizó el acceso a la cuenta de Gmail de Aguilera utilizando su conexión a internet y claves obtenidas bajo tortura.
El fallo reconstruye la secuencia de violencia: las primeras agresiones buscaban contraseñas; las posteriores, ya letales, sellaron el destino del joven. Su cuerpo apareció el 21 de agosto en un basural de la zona, mientras que la comunicación extorsiva con la familia se había interrumpido horas antes por la intervención policial.
Aunque el juez Hornos sostuvo que Ramírez debía ser tratado como coautor, la mayoría se inclinó por considerarlo partícipe secundario. Así, las responsabilidades quedaron firmes: uno de los acusados cumplirá prisión perpetua y el otro, 12 años de encierro. Un cierre judicial que intenta dar respuestas frente a uno de los episodios más oscuros que vivió Traslasierra en los últimos años.