La fiscal Analía Gallarato propuso archivar la denuncia de María Antonella Ricci contra ex fiscales tras la parálisis de 17 años en su causa. Organismos de derechos humanos y el abogado querellante repudiaron la decisión y solicitaron su apartamiento.
La Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierra expresó su rechazo y repudio a la resolución de la fiscal Analía Verónica Gallarato en la causa iniciada por María Antonella Ricci, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, Hugo Roberto Clavero, expresidente de la CEMDO.
Según informó la Comisión de Derechos Humanos, Gallarato propuso archivar la denuncia, argumentando que “no había delito en el cajoneo” de la causa por parte de distintos fiscales de Villa Dolores, decisión que generó malestar en las víctimas y el abogado querellante, quien solicitó su apartamiento.
El caso de Ricci evidencia 17 años de inacción judicial. Desde que su madre denunció en 2005 que Clavero abusaba de su hija desde los tres años, la causa permaneció paralizada, reactivándose solo de manera parcial y tardía. Durante ese tiempo, los abusos continuaron y Clavero mantuvo su poder político en Traslasierra.
La joven y su abogado, Germán Romero Marcón, comunicaron que denunciaron a seis exfiscales por incumplimiento y encubrimiento, incluyendo a Ricardo Ramón Romero Uez, Noemí Bobbio de Bereta, Sergio Cuello, Raúl Castro, Lucrecia Zambrana y Emilio Andruet, quienes pasaron por la Fiscalía de Instrucción del 1° y 2° Turno.
La denuncia resalta que Clavero ascendió en el ámbito político y social, y que la causa es un ejemplo de cómo la inacción institucional puede perpetuar abusos. En 2022, finalmente la fiscal subrogante María Eugenia Ferreyra imputó a Clavero y su madre, y en 2024 fueron condenados a 28 y 16 años de prisión, respectivamente.
La resolución de Gallarato, lejos de apartarse por los posibles conflictos de interés y vínculos con algunos denunciados, propuso el archivo, sosteniendo que no existía delito por el retraso judicial.
El caso ha generado reacciones de repudio público, no solamente de la Comisión de Derechos Humanos, sino también de víctimas del Crimen Vial de Altas Cumbres, que manifestaron su desaprobación ante la actuación de la fiscal.
María Antonella Ricci sostiene que la inacción de la justicia permitió la prolongación de los abusos y que el sistema judicial ha favorecido de manera indirecta a Clavero, “dejándome librada a las manos de un abusador que tenía poder”.