A mediados de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQI+ encendió una alarma que atraviesa los márgenes de lo institucional para golpear de lleno a la sociedad: en solo seis meses, 102 ataques violentos se registraron contra personas del colectivo. Las cifras no sólo duelen: exigen una respuesta urgente.
El dato más estremecedor no está únicamente en el número creciente —un 70% más que en el mismo período del año anterior—, sino en la identidad de las víctimas: el 70,6% fueron mujeres trans, seguidas por varones gay cis (16,7%) y lesbianas (6,9%). No se trata de episodios aislados, sino de un patrón sistemático que hiere y margina. En la mayoría de los casos, las agresiones incluyeron golpes, puñaladas, abusos sexuales, disparos y privaciones ilegítimas de la libertad.
Pero hay un agravante aún más inquietante: más de la mitad de los ataques ocurrieron en espacios de encierro institucional, como comisarías y cárceles. Y en el 64,7% de los hechos, el Estado aparece como responsable directo, ya sea por la acción de fuerzas de seguridad o por la omisión de otras instituciones.
En este clima hostil, donde los discursos desde el poder legitiman el odio, los cuerpos disidentes se vuelven blanco. La represión a trabajadoras trans en la vía pública y los maltratos en penales son ejemplos de un entramado de violencia que sigue en ascenso.
El informe exige que la Justicia reconozca estos hechos como crímenes de odio y reclama la aprobación urgente de una nueva Ley Nacional contra la Discriminación. Mientras tanto, 17 personas ya perdieron la vida este año por el simple hecho de ser quienes son. La urgencia no admite dilaciones.