El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,4% en los haberes jubilatorios y pensiones a partir de abril, junto con la confirmación de un bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, este bono no será actualizado ni incorporado al haber, lo que mantiene a la mayoría de los jubilados en situación de vulnerabilidad económica.
Con este ajuste, el haber mínimo pasará de $279.121 a $285.820, y sumado al bono, alcanzará un tope de $355.820. No obstante, esta cifra sigue ubicándose por debajo de la línea de indigencia, que según los últimos datos es de $434.620. Quienes perciban sumas mayores a ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido, es decir, un jubilado que cobre $300.000 recibirá un bono de $55.820.
Por otra parte, las jubilaciones máximas se incrementarán de $1.878.224 a $1.923.302, aunque estos beneficiarios no recibirán bono. La resolución también establece que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $130.749,89 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $228.656,50, alcanzando $298.656 con el bono.
Este ajuste, con el bono incluido, implica un incremento real de apenas el 1,91% respecto a marzo, lo que significa que los haberes jubilatorios continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.
Crisis en las jubilaciones El deterioro del poder adquisitivo de los jubilados se ha intensificado en los últimos años. Según un informe de la consultora ExQuanti, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la cantidad de jubilados en situación de pobreza aumentó un 133% entre 2017 y 2024. Además, la Defensoría de la Tercera Edad indicó que la canasta básica del jubilado alcanzó los $1.200.523, lo que representa un aumento del 75,2% en comparación con 2023.
Estos datos evidencian que los aumentos otorgados resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los jubilados, que ven cómo sus ingresos quedan cada vez más rezagados frente a la inflación y el costo de vida.