La decisión de suspender el proyecto de desagües en la calle Arzobispo Castellanos, donde dos obreros perdieron la vida en 2019, genera interrogantes. Con la obra judicializada y cuestionamientos sobre su viabilidad, la comunidad y los familiares esperan respuestas mientras el caso sigue en los tribunales.
La Municipalidad de Villa Dolores ha decidido no continuar con la obra de desagües de la calle Arzobispo Castellanos, un proyecto que había quedado interrumpido luego de la trágica muerte de dos obreros en 2019. La decisión, aunque técnica, se ve inmersa en un contexto judicial y social que aún mantiene viva la memoria del fatal accidente.
Según el ingeniero Alejandro Estrada (foto), secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el análisis realizado por la nueva gestión municipal dejó en claro que la obra no solucionaría el problema de fondo. “No se va a continuar con la obra. Hicimos un relevamiento apenas asumimos esta gestión y la capacidad que tiene ese desagüe prácticamente es ínfima, no dando una solución al problema que tiene esta ciudad”.
“Además es una obra sumamente costosa. No se justifica semejante intervención, que contempla un gran movimiento de suelo y que resulta muy peligrosa. La solución que daría sería ínfima. Técnicamente no es una obra que conviene y que actualmente está judicializada”, explicó Estrada en conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal.
La trágica historia detrás de este proyecto comienza en 2019, cuando los obreros Damián Altamirano, de 21 años, y Norberto Romero, de 46, perdieron la vida mientras realizaban tareas de excavación en condiciones precarias. La obra, destinada a mejorar los desagües pluviales, se desarrollaba en una excavación de más de cuatro metros de profundidad, sin las mínimas medidas de seguridad, lo que provocó el colapso y la tragedia.
La exintendenta de Villa Dolores, Gloria Pereyra, enfrenta actualmente un proceso judicial relacionado con estos hechos. Aunque en 2022 había sido sobreseída por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó esa decisión en agosto de 2024, lo que implica que tanto Pereyra como el arquitecto Aldo Zanitti, encargado de la cartera de Obras Públicas, continuarán siendo investigados por homicidio culposo. La anulación del sobreseimiento fue recibida como un avance por los familiares de las víctimas, quienes siguen demandando justicia.
La comunidad de Villa Dolores sigue conmocionada por los hechos y la demanda de justicia sigue viva, mientras que la gestión municipal apuesta por repensar el proyecto y buscar una solución más adecuada y segura para la ciudad. Mientras tanto, el caso continúa su curso en los tribunales, con la expectativa de nuevos capítulos que puedan aclarar las responsabilidades de los involucrados en esta tragedia.
Denuncias y controversias en la indemnización de obreros fallecidos
En otro capítulo de la compleja trama judicial en torno a la obra de desagües de Villa Dolores, la exintendenta Gloria Pereyra enfrenta cuestionamientos. En noviembre de 2023, el entonces presidente del Concejo Deliberante, Roberto Ribeiro, presentó una denuncia por posibles irregularidades en la indemnización de los operarios Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, quienes perdieron la vida en 2019.
El 30 de marzo de 2023, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la conformación de una Comisión Investigadora con el objetivo de esclarecer la responsabilidad de la intendenta en este proceso. La decisión fue tomada luego de que surgieran tres posibles irregularidades que comprometían la transparencia de las indemnizaciones: los operarios no contaban con seguro, pero aun así se habría pagado indemnizaciones a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); el Departamento Ejecutivo habría acordado confidencialmente restituir al seguro el dinero de las compensaciones por fallecimiento, sin respetar el principio de publicidad de los actos de gobierno; y los pagos al seguro habrían superado los límites establecidos para la contratación directa, sin haber sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas ni por el Concejo Deliberante.
El dictamen de la minoría en la Comisión Investigadora concluyó que existía responsabilidad en la intendenta, el asesor letrado Matías Stumpf y el secretario de Finanzas Públicas, Juan Pablo Sastre, por violar la normativa sobre la contratación pública y por haber realizado pagos sin cumplir con los procedimientos legales para el control del gasto público. Sin embargo, el bloque oficialista emitió un informe de oposición al dictamen.
Finalmente, la mayoría del Concejo Deliberante decidió instar un procedimiento judicial por los acuerdos y pagos irregulares, lo que llevó a la presentación de la denuncia ante la Justicia de Villa Dolores, realizada por el abogado Luis Pareja, patrocinante de Ribeiro. Este capítulo judicial podría agravar la situación de la actual legisladora provincial, quien ya se encuentra enfrentando la investigación por la muerte de los obreros en la obra de desagües.